Las Normas Nacionales de Acción contra Minas son estándares publicados por una Autoridad Nacional para guiar la gerencia e implementación de proyectos de acción contra minas en un país de una manera segura, coordinada y eficiente. Las normas nacionales difieren significativamente de las normas internacionales ( International Mine Action Standards - IMAS). Unas normas nacionales eficaces deben reflejar la problemática de cada país en cuanto a minas y restos explosivos de guerra, la respuesta nacional a la problemática, la situación de los sobrevivientes y victimas de accidentes, así como la legislación de largo plazo existente o planeada y que respalda el apoyo a una respuesta estratégica frente a la problemática.
Unas normas nacionales eficaces deben reflejar los procedimientos de un programa de acción contra minas. Pero también deben seguir los principales principios generales de las IMAS, así como otras normas y estándares nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, deben garantizar el cumplimiento de las convenciones internacionales relacionadas con las minas terrestres y los restos explosivos de guerra. Las normas nacionales deben reflejar la apropiación nacional del tema, propender por proteger a aquellos en mayor riesgo, construir capacidad nacional, mantener y aplicar de manera adecuada estándares consistentes para la acción contra minas.
Las normas nacionales se basan fundamentalmente en las IMAS , pero pueden diferir en sus contenidos y requerimientos. Las normas nacionales son distintas de país a país, por cuanto reflejan las realidades locales. Al igual que las IMAS, las normas nacionales deben ser desarrolladas a través de un proceso consultivo con un amplio numero de actores involucrados en la acción contra minas, los cuales incluyen entre otros al gobierno (Autoridad Nacional, Centro de Accion contra Minas), las Naciones Unidas, los donantes, socios implementadotes (operadores), actores del desarrollo dentro del gobierno, organismos no gubernamentales, comunidades afectadas y representantes de las autoridades. Las normas nacionales deben ser revisadas periódicamente para garantizar su actualización y cumplimiento.
